Cecilia Written by  Dec 12, 2014 - 297 Visitas

Acéfala

“El respeto a los derechos humanos apuntala la democracia porque fortalece al

Estado de derecho y exige una actuación impecable para erradicar la impunidad”

 

Guadalupe Morfín

 
A mi mente viene una imagen de esas inolvidables que tiene la película Fecha de caducidad, de la jalisciense Kenya Márquez –quien ganó más de una veintena de reconocimientos y premios nacionales e internacionales-: una cabeza, la de Oswaldo, que rueda por los pasillos del Metro mientras su madre, Ramona, mira horrorizada el cráneo de su hijo que fue asesinado y desmembrado injustamente.


Mientras el querido y admirado Negro (Alejandro González Iñárritu), director y productor de cine, sigue mostrando su #MexicanPower a nivel internacional en los Golden Globes Awards –que otorgan 93 miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood-, nuestra sociedad e intelectuales muestra la altura de la que carece la clase política, y algunos académicos, en momentos de abrir consciencias para sembrar acciones transformadoras de fondo y no de maquillaje.

En Jalisco no tenemos ombudsman

A él sí podrían llamarlo títere: inclusive el secretario de la Marina Armada de México, almirante Vidal Soberón Sanz, quien en su espejo puede ver un clon de marioneta que ocupa la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, sumando una más –si se puede- a su nula autoridad moral para ocupar un cargo que claramente es mantenido por su padrino político –Raúl Padilla López, líder del grupo UdeG o Universidad, como se le conoce- y de un gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien prefiere un servil burócrata en la Comisión, antes que un ombudsman crítico capaz de aportar elementos para mejorar el ejercicio de los servidores e instituciones públicos.

Soportar la crítica constructiva habla de inteligencia y capacidad. Silenciar las voces críticas habla de nulidad e incapacidad.

De nueva cuenta el ejercicio libre y responsable de un periodista, Omar García –de El Informador y Canal 44-, nos muestra la verdadera cara de alguien que no debe ocupar una silla en la que las piernas le cuelgan. “Hay lugares específicos para hacer protesta, las plazas públicas son el lugar específico. No es a base de posicionarte en edificios públicos ni a base de bloquear calles. Las calles son para transitar y debe respetarse, si no, se afectan derechos de terceros. Y también los terceros son las propias instituciones públicas”.

Otra imagen me aborda, la de defensores de las democracias a través de las movilizaciones: la del indio Mahatma Gandhi o la del africano Nelson Mandela, quienes desde sus tumbas se convulsionan al escuchar a un supuesto defensor de los derechos humanos confesar su apoyo a quien ocupa el poder y no hacia los indefensos, los que sufren la injusticia y que padecen la impunidad y la desigualdad; para ellos el único camino para ser escuchados es la manifestación libre.

¿Es doctor? Sí, y en Derecho, pero aun en lo poco que aprendió en su ejercicio académico y en su práctica como abogado, no le alcanza el colmillo para por lo menos disfrazar que le interesan los ciudadanos, y no los funcionarios. Pero es imposible que la madera no sirva para incendiar los ánimos, en lugar de buscar la aplicación de todos los tratados internacionales suscritos por México.

Jim Henson, el padre de los Muppets, estaría feliz por la maleabilidad con que se puede manejar a este abogado que arribó en 2007 a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco con un sueldo de 83 mil pesos mensuales –nada despreciables-, ganando más que la Rana René o Kermit Frog, y ahora percibe 135 mil pesos en 30 días, un 58.82 por ciento más.

Su elección es de dudosa procedencia, cuestionada hasta la fecha por múltiples organizaciones sociales: “las descalificaciones vienen de los que se manifiestan en contra de todo” –otra de sus maravillosas declaraciones-, y su reelección es la muestra de que sentarse en la cúpula política tiene dividendos, no sólo económicos, sino también de continuidad que no aporta nada a una sociedad en circunstancias históricas que más que nunca, requiere un ombudsman estatal fuerte, que defienda a toda costa los derechos de los demás, no los de su chequera.

Ahora es cuando parece pitoniso el director de Artículo 19 –una de las organizaciones independientes que trabaja a lo largo del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión y se llama así porque es el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que garantiza la libertad de expresión-. Darío Ramírez puso el dedo en la llaga: parece más bien una decapitación de la democracia, una alerta sobre la intención de que se delimite la protesta social bajo el discurso de vulnerar derechos a terceros.

El especialista internacional de Artículo 19 fue muy claro al destacar que ninguna protesta vulnera el derecho de movilidad, porque existen muchas calles por donde se puede circular; “una manifestación es una irrupción en la vida cotidiana, con la intención de llamar la atención y que se visibilicen las demandas de las personas que protestan”.

Eso lo desconoce Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, supongo. Los campesinos, productores de maíz, que desde hace más de 48 horas se manifiestan en el Congreso del Estado de Jalisco –que por cierto permiten el libre tránsito de empleados y diputados- sufren de un rezago mortal que los tienen literalmente en el hambre y la podredumbre, lanzándolos a las fauces del narcotráfico o de las autodefensas para lograr mantener algo de dignidad.

A él qué le ha de importar que escuchen a un centenar de hombres desesperados –al igual que el Gobierno Federal, el Estatal no les ha dado una respuesta de rescate y sólo regala en pomposas ceremonias a los líderes ceneopistas tractores y préstamos a fondo perdido, sin solucionar el quid del problema: los productores del maíz tienen un rezago de decenas de años-. Mejor ser sordo y ciego, es más fácil para caerle bien a quien asigna el presupuesto, ya que ello le sirve para que te otorguen 117 millones de pesos: el 90 por ciento a cubrir la plantilla de 256 personas, en las que se ejercen unos 106 millones de pesos anuales.

No importaría si el señor trabajara, pero prefiere redactar recomendaciones diplomáticas para quedar bien y contar siempre con la disposición del Gobierno de Jalisco, un Ejecutivo que, según las propias palabras de Álvarez Cibrián, le palomea sus recomendaciones de “aprobar y aceptar todas las recomendaciones que hemos emitido”.

El realmente académico, defensor y activista de los derechos humanos, Jesús Robles Maloof, ha subrayado hasta el cansancio que en México se tiene el sistema de ombudsman más grande y caro del mundo y no se han obtenido respuestas: “Para que una Comisión de Derechos Humanos cumpla su misión debe colocarse del lado de las víctimas, alejarse de las agendas partidistas y establecer un diálogo con todas las fuerzas; pero principalmente, el ombudsman debe ser daltónico a los colores políticos, la característica principal del defensor de los derechos humanos es la independencia frente a los poderes públicos”.

En Jalisco pasa y se nota. ¡Cómo se extraña a una ombudsman como María Guadalupe Morfín Otero!... ¿Lupita, dónde estás?

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